Durante el año pasado, las ciudades de los Estados Unidos dieron a conocer nuevos planes de políticas para abordar la falta de vivienda en medio de las crecientes preocupaciones sobre la salud y el crimen, tanto para las personas sin hogar como para las comunidades circundantes. En particular, varias propuestas incluyen el internamiento civil, también conocido como tratamiento involuntario, para personas con enfermedades mentales graves o trastornos por uso de sustancias.
En noviembre de 2022, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció un plan para utilizar las leyes de salud mental para facilitar el tratamiento involuntario cuando las personas no pueden cuidar de sí mismas o cuando sus acciones ponen en peligro a otros.
El tratamiento ordenado por la corte podría incluir terapia, trabajadores sociales, referencias de vivienda, medicamentos u otras intervenciones, ya sea en hospitales o de forma ambulatoria. El plan de Nueva York se basa en otras iniciativas recientes para conectar a más personas sin hogar y con enfermedades mentales con refugios o viviendas de apoyo.
Líderes políticos de California y Portland, Oregón, aprobaron planes similares para utilizar las leyes de compromiso civil.
Como profesora de derecho de la salud y ética médica, creo que vale la pena explicar cómo funcionan estas leyes y las cuestiones éticas que plantean.
Cómo funciona el compromiso civil
Las leyes de compromiso civil existen desde hace décadas. Sin embargo, solo recientemente parecen haber recuperado tracción como una estrategia para abordar la intersección de la falta de vivienda, la enfermedad mental y el trastorno por uso de sustancias.
Los estados promulgaron estas leyes basándose en dos teorías. Primero, bajo la doctrina de parens patriae, una frase latina que significa “padre de la nación”, los estados tienen la obligación legal y ética de intervenir y ayudar a las personas vulnerables que no pueden actuar por sí mismas. En segundo lugar, en la ley de salud pública, el concepto de poder policial significa que los estados tienen el deber de aprobar y hacer cumplir las leyes para preservar la salud y la seguridad públicas, que pueden verse afectadas por la falta de vivienda.
Cada estado tiene diferentes leyes que describen el compromiso civil. Es importante destacar que estas leyes son un mecanismo civil para que los tribunales supervisen un plan de tratamiento para personas con enfermedades mentales graves o trastornos por uso de sustancias que cumplan con criterios específicos. Por ejemplo, un tribunal podría evaluar el testimonio y la evidencia de los médicos de que una persona tiene un trastorno por uso de sustancias tan grave que pierde el conocimiento repetidamente, que no aceptará ayuda y corre el riesgo de morir congelado afuera. Estas leyes no “criminalizan” ni castigan la falta de vivienda.
Durante el proceso de evaluación inicial, la persona recibe atención en un hospital, donde se determinan sus necesidades médicas. Posteriormente, el tribunal puede ordenar un plan de tratamiento que describa los requisitos para que la persona acepte refugio y mantenga citas semanales, como asistir a terapia o tratamiento de drogas. El tratamiento en hospitales para pacientes hospitalizados generalmente solo se usa en casos de enfermedad grave, y las leyes exigen usar el plan menos restrictivo posible.
Las leyes de compromiso civil también requieren el debido proceso o un procedimiento justo para que las personas participen en el proceso, objeten y cuenten con la asistencia de un abogado.
Comprender la falta de vivienda crónica
Lo que a menudo se denomina población «sin hogar» se trata, en realidad, de múltiples grupos con diferentes necesidades, incluidos jóvenes, familias, veteranos, personas con breves episodios de falta de vivienda provocados por la pérdida del trabajo o facturas inesperadas, y personas crónicamente sin hogar.
Sin embargo, la población más visible, aquellos que están crónicamente sin hogar y sin refugio, sufren altas tasas de trastornos graves por uso de sustancias y enfermedades mentales sin tratar, aunque las estimaciones varían. El Laboratorio de Políticas de California, de la Universidad de California, analizó encuestas de 64.000 personas sin hogar en quince estados diferentes y encontró que el 78% de las personas sin hogar padecían enfermedades mentales y el 75% un trastorno por abuso de sustancias. El cincuenta por ciento experimentó ambos.
Los médicos señalan que las enfermedades mentales y los trastornos por uso de sustancias pueden contribuir a la falta de vivienda y también empeorarla.
Cuestiones éticas
El compromiso civil tiene como objetivo mejorar el bienestar de las personas y las comunidades. Pero plantea preguntas difíciles sobre cuestiones éticas fundamentales como la autonomía (el derecho de las personas a tomar decisiones médicas por sí mismas) y la beneficencia, o garantizar que las intervenciones brinden más beneficios que daños.
Algunos expertos se oponen al uso de leyes de compromiso civil y afirman que los estados deben confiar en los servicios voluntarios. El tratamiento voluntario, sostienen algunos, es igual de efectivo pero preserva la autonomía y la libertad de elegir o rechazar el tratamiento.
Los críticos también afirman que el internamiento involuntario viola el principio de beneficencia, porque puede estigmatizar a las personas sin hogar con trastornos graves de salud mental y consumo de sustancias al implicar que no pertenecen a la sociedad. Otros sostienen que es cruel y coercitivo.
Los defensores de planes como el de la ciudad de Nueva York, por otro lado, afirman que las leyes de compromiso civil no solo son efectivas para conectar a las personas con ayuda, sino que también cumplen con la obligación moral de evitar que las personas sufran en las calles de la ciudad.
En la mayoría de los casos, los trabajadores de la salud y los especialistas en ética suponen que los adultos pueden tomar sus propias decisiones médicas de acuerdo con sus valores y necesidades. Pero las personas con enfermedades mentales graves o trastornos por uso de sustancias pueden experimentar un deterioro en su capacidad para deliberar, evaluar sus necesidades y tomar decisiones, lo que compromete su autonomía. Aunque el tratamiento involuntario viola la autonomía, también puede ayudar a las personas a recuperarla mediante la estabilización y la reparación.
Muchos médicos y trabajadores de extensión argumentan que pasar por alto el impacto de las enfermedades mentales y los trastornos por uso de sustancias no tratados viola el principio de beneficencia, porque evitar el tratamiento puede resultar en más daños para la salud.
Efectos más amplios
Los debates éticos también deben abordar la forma en que el tratamiento afecta a la comunidad circundante, como la seguridad, incluso para otras personas sin hogar. Como dato, la Oficina del Fiscal de Distrito de San Diego ha recopilado información que muestra que las personas sin hogar tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de delitos. Sus datos encontraron que esta población también comete tasas dramáticamente más altas de vandalismo, incendio provocado, asalto y robo, aunque hay pocos estudios a nivel nacional. Y aunque la mayoría de las personas sin hogar, que tienen una enfermedad de salud mental o un trastorno por uso de sustancias, no son violentas, algunos estudios sugieren que las personas con una enfermedad de salud mental grave tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de mostrar un comportamiento violento.
Cierta evidencia sugiere que el compromiso civil puede aumentar el seguimiento de los planes de tratamiento, reducir la hospitalización aguda y disminuir el comportamiento violento. Los defensores afirman que, a pesar de la naturaleza coercitiva del compromiso civil, brinda beneficios como un paso hacia la restauración de la salud de cada persona y de la sociedad.
Fuente: The Conversation/ Traducción: Walter A. Thompson