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Moraleja del caso George Santos: mentir en elecciones no es causal de despido

Publicado el

por Jonathan Entin

Cada vez hay más movimiento tanto de políticos como de votantes para obligar al recién elegido representante estadounidense George Santos a abandonar el Congreso tras las revelaciones de que fabricó sus antecedentes y otros detalles de su vida.

Pero los votantes del 3er Distrito Congresional de Nueva York, que eligieron a Santos como su representante en noviembre de 2022, no pueden obligarlo directamente a dejar el cargo hasta las próximas elecciones, en noviembre de 2024.

Parece que Santos, quien derrotó al demócrata Robert Zimmerman durante las elecciones intermedias de 2022, tejió una red de mentiras sobre sus antecedentes personales y profesionales, algunas de las cuales se refieren a importantes eventos históricos y trágicos. Santos afirmó falsamente, por ejemplo, tener ascendencia judía y dijo que sus abuelos maternos huyeron a Brasil durante el Holocausto. También dijo que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 aparentemente “reclamaron” la vida de su madre, quien en realidad murió en 2016.

Santos dijo que se graduó de Baruch College, en el 1% superior de su clase, y de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, pero nunca asistió a ninguna de las dos instituciones ni se graduó de la universidad. También mintió sobre su experiencia laboral, afirmando falsamente que Citigroup y Goldman Sachs eran sus antiguos empleadores.

Desde entonces, Santos admitió haber embellecido partes de su currículum y dijo que no ha trabajado para CitiGroup o Goldman Sachs, y que no tiene un título universitario.

Aunque un semanario local planteó preguntas sobre sus antecedentes en septiembre, la historia no cobró fuerza hasta que el New York Times publicó su propia historia en diciembre de 2022. Si los votantes hubieran sabido estas mentiras antes de las elecciones, Santos podría haber perdido.

Como estudioso de derecho constitucional y política pública, creo que es importante entender que los votantes tienen opciones limitadas en este momento. Cuarenta estados prevén la destitución de los funcionarios electos estatales y locales. Pero no existe una ley federal de destitución que pueda conducir a la destitución de alguien como Santos del Congreso.

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Hay pocas opciones federales para sacar a Santos

El Comité Republicano del Condado de Nassau y otras oficinas locales en el distrito de Long Island de Santos están pidiendo que renuncie. Varios miembros republicanos de la Cámara se han unido al coro.

Santos, por su parte, ha dicho que no dimitirá.

“Fui elegido por 142.000 personas. Hasta que esas mismas 142.000 personas me digan que no me quieren, lo sabremos en dos años”, dijo Santos recientemente.

Puede que tenga razón.

La Constitución dice que los miembros del Congreso pueden ser acusados y destituidos por traición, soborno u otros delitos. La Constitución no especifica motivos para la expulsión, o en realidad para destituir a alguien de su cargo, lo que deja que cada cámara del Congreso lo determine.

La Constitución tampoco dice nada sobre las elecciones revocatorias.

La Corte Suprema tampoco ha abordado nunca específicamente la legalidad de un retiro federal, pero otros dos fallos sugieren que tal ley sería inconstitucional. El tribunal determinó por primera vez en 1969 que el Congreso no puede negarse a nombrar a un miembro debidamente elegido que reúna los requisitos constitucionales para el cargo. Y también dictaminó en 1995 que los estados no pueden imponer límites de mandato a los miembros del Congreso, porque eso agregaría un requisito adicional para ser miembro más allá de los requisitos de ciudadanía, edad y residencia mencionados en la Constitución.

Incluso si se adoptara una ley federal que autorice la destitución de los miembros del Congreso y sobreviviera a un desafío legal, los procesos legislativos y legales consumirían prácticamente todo el mandato de dos años de Santos. Así que destituir a Santos no es una opción prometedora, incluso si fuera legal.

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Los críticos también podrían intentar que la Cámara expulse a Santos. Pero la expulsión es extremadamente rara. La Cámara ha expulsado solo a cinco miembros en toda su historia, la mayoría por unirse a la Confederación durante la Guerra Civil.

Preocupaciones éticas en juego

Santos no estaría cometiendo ningún delito simplemente diciendo mentiras. Tal vez hizo otras cosas que violaron la ley: las autoridades estatales, federales y brasileñas están investigando actualmente si usó fondos de campaña para gastos personales y si cometió fraude en Brasil al usar la chequera de otra persona para pagar sus cuentas.

Pero Santos no perderá automáticamente su cargo aunque sea condenado por algún delito. La Cámara no requiere que los miembros renuncien a su cargo en esas circunstancias, incluso si van a prisión.

El caso de Santos, sin embargo, plantea preocupaciones éticas que los miembros del Congreso pueden abordar. Dos demócratas de la Cámara de Representantes de Nueva York presentaron quejas de ética contra Santos ante el Comité de Ética de la Cámara con respecto a formularios de divulgación financiera incompletos.

Este comité bipartidista investiga presuntas violaciones de la ley por parte de los miembros del Congreso y hace recomendaciones a la Cámara plena. Las recomendaciones del Comité de Ética no son legalmente vinculantes. Sin embargo, la Cámara misma debe considerarlas. En cualquier caso, este proceso probablemente se extendería mucho más allá del mandato de Santos.

Santos también podría renunciar si el Comité de Ética recomienda su expulsión. Eso ha sucedido en varias ocasiones. En 1986, el senador Harrison Williams renunció cuando se enfrentó a las recomendaciones de un Comité de Ética de que fuera expulsado por corrupción. En 1995, el Senador Robert Packwood dejó su cargo por la misma razón. El representante Mario Biaggi de Nueva York también renunció antes de una votación de expulsión en 1988.

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Sin una salida clara

En resumen, Santos podría cumplir la mayor parte o la totalidad de su mandato, incluso si la Cámara finalmente votara para expulsarlo. Pero hay complicaciones adicionales. La Constitución requiere un voto de dos tercios para expulsar a un miembro del Congreso. Tal supermayoría es poco probable, especialmente en una Cámara con una mayoría estrecha en la que cada voto cuenta y cuando los republicanos podrían estar en apuros para ganar una elección especial para llenar la vacante de Santos.

Los votantes que están horrorizados por las aparentes mentiras de George Santos tienen poca influencia directa para obligarlo a dejar el cargo rápidamente. Su primera y mejor oportunidad llegará en 2024 si Santos decide buscar otro mandato. Los votantes podrían derrotarlo en las primarias republicanas, donde seguramente enfrentaría oposición. Y si de alguna manera sobrevive a las primarias, todavía tendría que enfrentarse a un demócrata en las elecciones generales.

Fuente: The Conversation/ Traducción: Tara Valencia

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