por Raphaël Besson
Hay muchos ejemplos de proyectos de desarrollo urbano “de transición” que desafían el modelo tradicional de urbanismo rígido, planificado y de arriba hacia abajo. Este enfoque de transición busca fomentar un modelo de desarrollo urbano más alineado con los usos, los recursos locales y las necesidades de los residentes locales.
Ejemplos notables incluyen los proyectos de desarrollo urbano transitorio promovidos por organizaciones parisinas como Plateau Urbain y La Belle Friche, utilizando terrenos y edificios desocupados con el fin de “reactivar la vida local de manera provisional”. También podríamos citar ejemplos de proyectos de desarrollo urbano táctico, incluidos espacios híbridos como Fab City o los laboratorios ciudadanos que surgen en Madrid, que ofrecen nuevas oportunidades para el “urbanismo liderado por los residentes y centrado en el nivel local”.
Estos proyectos conllevan una serie de promesas en términos de su capacidad para crear un modelo de desarrollo urbano más de base, resiliente, participativo y respetuoso con las personas y los ecosistemas locales.
Efectos externos de los proyectos de desarrollo urbano
En un intento por evaluar hasta qué punto se cumplen estas promesas, en los últimos años se realizaron una serie de estudios de impacto centrados en “terceros lugares”, fab labs y proyectos de desarrollo urbano transitorio. Una ventaja de estos estudios es la oportunidad que brindan de experimentar con nuevos protocolos para evaluar fenómenos urbanos que aún están emergiendo y evolucionando. Pero, en general, estos estudios no recibieron una atención generalizada. Son esencialmente el trabajo de expertos e investigadores académicos, destinados a un público selecto de funcionarios especializados del gobierno nacional y local. No existe, hasta el momento, un protocolo general de evaluación basado en indicadores compartidos y co-construidos que permita la evaluación y objetivación colectiva de los fenómenos observados.
Estos estudios se centran en las consecuencias directas, materiales y cuantificables de los proyectos urbanísticos, utilizando medidas como el número de puestos de trabajo o de empresas creadas, el número de espacios rehabilitados, los jardines compartidos, los nuevos servicios e instalaciones urbanos, la revalorización económica de espacios en desuso, el número de proyectos financiados y beneficiarios alcanzados, etc. Sin embargo, todavía luchan por dar cuenta objetivamente del impacto externo de los proyectos, particularmente en términos de participación ciudadana, el estímulo de procesos de innovación y aprendizaje, la transformación de métodos de trabajo y políticas públicas, y la mejora de la biodiversidad urbana, la vida local y la cooperación.
Pero diríamos que el valor agregado por los proyectos de desarrollo urbano de transición reside no tanto en sus resultados (consecuencias directas, materiales y cuantificables) como en sus efectos externos. Su valor se puede comparar con la polinización que realizan las abejas, cuyo valor es mil veces mayor que el producto inmediato que produce: la miel que compras en la tienda.
Estudiar las externalidades
En el contexto urbano, se produce una externalidad cuando la actividad de una persona (o agente) crea una ventaja (externalidad positiva) o una desventaja (externalidad negativa) para otras personas, sin el correspondiente intercambio financiero y sin indicación alguna de que este beneficio o pérdida se había planeado de antemano. Las externalidades, por lo tanto, existen fuera del ámbito de los programas de desarrollo urbano y los intercambios monetarios y, sin embargo, sus consecuencias económicas pueden ser decisivas.
Un buen ejemplo es el modelo económico de los laboratorios ciudadanos de Madrid, basado principalmente en la entrega mutua, el intercambio, la confianza, el crowdfunding, la cooperación, la acción en red y la contribución activa de los vecinos y colectivos locales. Todas son dimensiones “fuera del mercado”, pero sin embargo son de naturaleza profundamente económica.
Permiten la renovación, a bajo o ningún coste, de mobiliario urbano, espacios públicos y equipamientos urbanos, además de contribuir a la rehabilitación económica de espacios vacíos y barrios degradados. Y no olvidemos la oportunidad que ofrecen para probar nuevas prácticas y reducir el riesgo de fracaso de los programas de desarrollo urbano (con todos los costes asociados), o para acceder a la financiación de la UE destinada a proyectos de innovación urbanos y dirigidos por ciudadanos (como el esquema de Urban Innovative Actions). Hay muchas externalidades de este tipo, pero son particularmente difíciles de observar y medir. A menudo son difusas, invisibles, inmateriales y están completamente separadas de los resultados materiales.
Frente a esta complejidad, existe un riesgo real de que estas externalidades sean subestimadas, limitando el alcance de los experimentos de desarrollo urbano de transición y relegándolos al estatus de acciones superficiales o puntuales, descartadas en algunos sectores como “urbanismo de paletas”. En realidad, estos experimentos juegan un papel clave en la invención de nuevos enfoques para el desarrollo urbano, más en sintonía con los problemas de los bienes comunes urbanos y las transiciones. Con esto en mente, es fundamental que levantemos la tapa de la caja negra de las externalidades que producen los proyectos urbanísticos tácticos y transitorios, para apreciar su verdadero alcance.
Abrir esta caja negra nos obliga a repensar nuestros métodos tradicionales de evaluación de impacto, imaginando nuevos protocolos de evaluación creados en colaboración con investigadores y expertos, pero también con líderes de proyectos y ciudadanos locales. Estos protocolos de evaluación deben ser compatibles con el espíritu de los proyectos de desarrollo urbano transitorio o participativo.
Tales proyectos pueden entenderse como nuevos métodos de actuación urbana, involucrando a las personas que habitan y configuran estos territorios en el día a día: empresarios, vecinos, estudiantes, organismos públicos, representantes electos, etc. En este contexto, la evaluación de impactos y el uso de medidas y protocolos estadísticos clásicos parece virtualmente impensable. Lo que necesitamos son indicadores construidos en conjunto con quienes están en el terreno, quienes no solo están bien ubicados para reconocer su valor, sino también para apropiarse de ese valor e integrarlo en una comprensión más amplia de sus acciones.
Ciudadanos-investigadores movilizados
Sobre la base de estos argumentos, hemos trabajado para construir nuevos protocolos de evaluación para tres proyectos en los que actualmente estamos involucrados en un papel de apoyo: las incubadoras urbanas de la Agence Française de Développement, los terceros espacios de Digne-les-Bains y el proyecto Valence Romans, Capital de las start-ups locales, ganador del concurso Territorio de Innovación Ambiciosa (TIGA).
Nuestro sistema de evaluación se basa en una combinación de cuatro tipos de métodos: un primer protocolo definido como nivel experto (identificación de indicadores de impacto por adelantado), seguido de un método de autoevaluación para líderes de proyectos (ayudando a redefinir acciones y objetivos como evolución de proyectos) y, por último, una evaluación ciudadana realizada con los usuarios.
El desafío es capacitar a los voluntarios en las técnicas de observación, encuesta y evaluación, permitiéndoles expresar su propia experiencia como usuarios y convertirse en los «ojos y oídos» de los investigadores. Estos ciudadanos-investigadores serán así capaces de observar procesos notoriamente difíciles de estudiar: procesos de innovación, aprendizaje, cooperación, transmisión y transformación de usos y modos de actuación.
Finalmente, un cuarto método involucra la creación de una plataforma para la participación ciudadana y la visualización de externalidades. El tema de cómo representar datos complejos es fundamental en este sentido. Debe ser lo más intuitivo posible, para que todos puedan familiarizarse con los resultados de las evaluaciones.
Finalmente, la superposición de estos cuatro tipos de métodos debe dar como resultado un proceso de evaluación colectivo y arraigado en el territorio, objetivando no sólo los impactos directos, sino también los efectos externos de los proyectos urbanísticos tácticos y transitorios.
¿Cómo podemos ponerle precio al bienestar?
En última instancia, este enfoque compartido y descentralizado de la evaluación debería allanar el camino para una discusión colectiva sobre el valor de la experimentación urbana. Nuestra hipótesis es que los proyectos de desarrollo urbano de transición producen más externalidades positivas (conexiones sociales, participación ciudadana, rehabilitación, aprendizaje, reutilización, promoción de cadenas de suministro cortas, resiliencia urbana, etc.) que externalidades negativas (gentrificación, aumento de la precariedad, etc.). Para que estos experimentos urbanos no queden relegados al papel de “compensación de externalidades”, sino que se establezcan a largo plazo y contribuyan a la transición sostenible, es fundamental que reinternalicen el valor de las externalidades que producen, integrando ese valor en sus propios modelos económicos.
Por lo tanto, el trabajo para evaluar las externalidades debe combinarse con métodos para cuantificar y calificar el valor social. Este es un enfoque defendido por actores en el campo como ESS Labo y el taller de desarrollo urbano Approches. Pero es una tarea particularmente compleja, que requiere que los actores no solo negocien con una variedad de socios (partes interesadas, beneficiarios, patrocinadores financieros, etc.), sino también que pongan precio a las realidades que existen fuera del mercado.
Esto plantea numerosas preguntas: ¿cómo podemos obtener una estimación monetaria del valor de los productos y servicios sociales, económicos y ambientales desarrollados a través de la cooperación, el libre acceso y el código abierto? ¿Cómo valoramos económicamente unos bienes cuyos principios de indivisibilidad, no concurrencia y no excluibilidad los hacen equiparables a los bienes públicos y, por tanto, imposibles de reducir a la condición de bienes comerciables? ¿Qué precio podríamos poner a la solidaridad, el conocimiento, las conexiones sociales o la preservación del medio ambiente y el bienestar de las personas?
En respuesta a estos problemas, actualmente se están probando varias soluciones. Un ejemplo notable es la noción de “pagos por servicios ecosistémicos” (PSA) basada en “la idea de un pago (recompensa o compensación) de quienes se benefician de los servicios proporcionados por los ecosistemas a favor de los responsables de mantenerlos”. La Comisión Europea también está considerando introducir un nuevo mecanismo que recompensaría a los agricultores que trabajan para proteger y promover el medio ambiente. Esta herramienta innovadora podría ampliarse a los aspectos socioeconómicos y ambientales de los proyectos de desarrollo urbano de transición.
Fuente: iD4D/ Traducción: Horacio Shawn-Pérez