por Julia Buxton

Venezuela tiene una vulnerabilidad bien documentada a los terremotos. El país se asienta sobre el límite entre las placas tectónicas del Caribe y de América del Sur, lo que da lugar a temblores rutinarios y ha provocado desastres sísmicos históricos. Pero la experiencia de un “doblete”, un par de terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 con 40 segundos de diferencia, el 24 de junio, fue una rara desgracia.

Desde un epicentro en la ciudad noroccidental de San Felipe, el impacto se sintió con fuerza devastadora a lo largo de la costa caribeña de Venezuela. La histórica ciudad portuaria y centro turístico de La Guaira, hogar de unas 200.000 personas, ha sido declarada zona de desastre.

En la capital venezolana, Caracas, que se encuentra a unos 30 km de La Guaira, se han derrumbado edificios en los suburbios, alguna vez prósperos, de Altamira, San Bernardino, Baruta y Chacao. El aeropuerto nacional, Maiquetía, también ha sido cerrado debido a los extensos daños.

Si bien ha habido focos de resiliencia, se estima que dos tercios de los residentes venezolanos viven en viviendas informales. Esto es producto de la rápida urbanización de Venezuela en las décadas de 1960 y 1970 y de la escasez de viviendas que le siguió.

Oficialmente, al 27 de junio, al menos 1400 personas han muerto y 50.000 más están registradas como desaparecidas. El Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que hasta 10.000 personas podrían haber muerto en un desastre de esta magnitud. El terremoto añade una nueva y trágica capa a la crisis humanitaria existente en el país, una crisis que ha agotado gravemente la capacidad del Estado y la sociedad de Venezuela para prepararse y responder a los desastres naturales.

Los años de la presidencia de Nicolás Maduro, que abarcaron desde 2013 hasta su destitución a punta de pistola por parte de los Estados Unidos en enero de 2026, se caracterizaron por el colapso económico. La hiperinflación, la escasez y la represión autoritaria de las protestas contribuyeron a una situación en la que aproximadamente una cuarta parte de la población ha huido del país en los últimos años.

La fragilidad económica de Venezuela es, en última instancia, producto de la incompetencia política y la corrupción. Pero se ha visto reforzada por las aplastantes sanciones petroleras y financieras impuestas por los Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump.

El exhaustivo régimen de sanciones ha significado que, durante los últimos nueve años, Venezuela ha estado aislada de los mercados financieros y energéticos. En consecuencia, muchas de sus exportaciones e importaciones han sido bloqueadas.

Sumado a la continua mala gestión y a la falta de inversión en infraestructuras y servicios públicos que fueron nacionalizados por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, esto ha llevado a una acumulación de problemas que afectan a todo el sector público. Esto incluye hospitales con escasez de medicamentos, personal, electricidad y agua.

En lo inmediato, la energía y la atención se centran en los esfuerzos de búsqueda y rescate. Pero este es un momento políticamente peligroso para la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Cada etapa de la respuesta humanitaria conlleva graves desafíos logísticos.

Hay escasez de maquinaria para ayudar con las operaciones de recuperación, debido en gran parte a la falta de repuestos y de combustible diésel. Hay pocas ambulancias, los hospitales están desbordados y hay refugios seguros limitados para los desplazados. El acceso a alimentos y agua potable está gravemente comprometido y se pronostican lluvias intensas.

Al mismo tiempo, las fuerzas armadas, la policía y la guardia nacional de Venezuela han estado en pie de guerra desde el regreso de Trump al cargo. Su atención principal se ha centrado en las respuestas defensivas a lo que, al menos hasta la captura de Maduro, era una invasión militar estadounidense ampliamente anticipada.

Esto se ha producido a expensas de perfeccionar las habilidades para implementar el marco global “Wash” para responder a los desastres naturales mediante el suministro de agua potable, la construcción de letrinas de emergencia y la promoción de prácticas de higiene seguras. Por lo tanto, existe un riesgo muy real de enfermedades y escasez de alimentos en los próximos días y semanas si no se cuenta con un apoyo externo urgente.

La posibilidad de desórdenes, saqueos y una mayor degradación de la situación de seguridad es otra grave preocupación. Desde la destitución de Maduro, el sector de seguridad progubernamental de Venezuela no ha sido puesto a prueba por protestas o manifestaciones de la oposición. Sin embargo, las líneas de mando se han visto alteradas en medio de la confusión del cambio político y la confianza pública en los militares es baja.

Estados Unidos tiene la clave

Estados Unidos es el árbitro definitivo de la capacidad de respuesta de Venezuela. Al haber asumido el control de los ingresos por exportación de petróleo de Venezuela tras la captura de Maduro y mantener aún un régimen de sanciones, Estados Unidos dictamina qué dinero se puede recibir y cómo se gasta.

Y aunque Venezuela ha exportado alrededor de 100 millones de barriles de petróleo desde la destitución de Maduro, con un valor estimado de 8,000 millones de dólares (6,100 millones de libras esterlinas), la administración Trump no ha revelado públicamente cuántos ingresos ha recaudado realmente.

Tampoco ha revelado qué cantidad de estos ingresos se ha devuelto a cuentagotas a Caracas. El acceso restringido a estos fondos impedirá el desembolso de ayuda financiera y humanitaria a las zonas afectadas por el terremoto.

Trump ha anunciado que se movilizarán 150 millones de dólares en asistencia para Venezuela y que los Departamentos de Guerra y de Estado de los Estados Unidos están coordinando el apoyo de ayuda. Estos fondos deben recibirse rápidamente si se quiere evitar que la frustración popular con el proceso de cambio de régimen de los Estados Unidos se traduzca en una ira generalizada y si los planes de los Estados Unidos para deportar a los migrantes venezolanos han de seguir adelante.

De cara al futuro, no cabe duda de que se prestará gran atención al legado de corrupción y falta de inversión que han dejado a Venezuela en una situación de vulnerabilidad tan catastrófica y debilitada ante los terremotos.

Esto incluye la calidad de los edificios entregados bajo la Gran Misión Vivienda Venezuela, la misión de construcción de viviendas lanzada por Chávez en 2011 que afirma haber entregado más de un millón de nuevos hogares. Sin embargo, dicha investigación será compleja, contará con resistencia política y actualmente se encuentra muy abajo en la lista de prioridades.

^{The Conversation. Traducción: Tara Valencia}