por Peter Gill

En una tarde lluviosa de fines de junio de 2020, los residentes del 387 de la calle E. 138, en Mott Haven, no tuvieron suerte. Afuera, en las calles mojadas, la vida económica estaba detenida en medio de la primera ola mortal de Covid-19. En el interior, los residentes acababan de recibir noticias condenatorias: el nuevo dueño de su edificio de diez unidades, uno de los propietarios más notorios del Bronx, quería duplicar el alquiler e iba a desalojarlos en tres meses si se negaban a pagar.

Ericelda Hernández, quien vive en el domicilio desde hace diecisiete años, recién regresaba de la lluvia cuando se encontró con dos jóvenes afuera del edificio. El dúo, Aldo Reséndiz y Manny Pardilla, se identificaron como organizadores del Movimiento de Inquilinos del South Bronx, un grupo de activismo de vivienda. Tuvieron una pequeña charla en español.

Hernández les dijo a estos hombres que ella y la mayoría de sus vecinos habían sido despedidos por la pandemia y que no tenía idea de cómo podría pagar su nueva renta de $2.500. Otra inquilina, Maricela Catalán, salió y se unió a la conversación. Dijo que el propietario ya la había obligado a salir de su apartamento, a una unidad más pequeña y menos deseable que poseía en el este del Bronx.

Los hombres les dijeron a las mujeres que tenían ciertos derechos como inquilinos y que podían luchar contra sus desalojos en los tribunales. Ofrecieron una sugerencia: ¿por qué no unirse con sus vecinos para formar una asociación de inquilinos?

“Al conocer a Aldo, vimos una luz al final del túnel”, recordó Hernández recientemente, sentada debajo de una estatua de la Virgen de Guadalupe en su sala llena de gente, durante la 20ª reunión de la asociación de inquilinos. “Al formar la asociación de inquilinos, empezamos a aprender qué tipo de derechos teníamos. Solíamos vernos pequeños, como hormigas. Ahora sabemos que no debemos tener miedo”.

En los dos años transcurridos desde que se formó la asociación, la mayoría de los residentes se pudieron quedar en sus apartamentos. Ahora están finalizando nuevos contratos de arrendamiento de dos años, que negociaron colectivamente. Los nuevos contratos de alquiler tienen aumentos mucho más modestos, y su último arrendador acordó hacer ciertas reparaciones, dicen los inquilinos.

El Movimiento de Inquilinos del South Bronx, la organización que apoya a los residentes, fue formado por varios voluntarios, incluido Pardilla, en febrero de 2017. Hasta ahora, ha ayudado a los inquilinos a formar asociaciones en unos diez edificios. Cinco de los grupos siguen activos. A través de las asociaciones, los inquilinos abogan colectivamente por cuestiones que van desde el alquiler hasta las reparaciones y los intentos de desalojo.

En el sur del Bronx, el estrés de la vida de los inquilinos puede ser particularmente agudo. Algunos propietarios dejan que sus edificios se deterioren. Las quejas por calefacción y agua caliente, que se registran en la base de datos 311 de la ciudad, pueden servir como un indicador de la negligencia del propietario. La base de datos registró 142 quejas de calefacción y agua caliente por cada 1000 unidades ocupadas por inquilinos del sur del Bronx en 2021, casi siete veces el promedio de la ciudad.

El Bronx también lidera los cinco condados de la ciudad en tasas de desalojo, que aumentaron desde que la moratoria de desalojo del estado, impuesta durante la pandemia, expiró en enero de 2022. Se presentaron alrededor de 10.000 nuevas acciones de desalojo en el Bronx entre enero y abril de ese año, incluidas 1377 en Mott Haven, Port Morris, Melrose, Longwood y Hunts Point, según Eviction Lab, un grupo que rastrea datos relacionados con la vivienda.

Esa tasa sigue siendo más baja que los niveles previos a la pandemia, pero se avecina una gran acumulación de casos presentados durante la moratoria de desalojo. Los inquilinos de bajos ingresos tienen garantizada representación gratuita en el tribunal de vivienda, pero las agencias de asistencia legal están luchando para brindar ayuda dado el volumen de casos.

Los inmigrantes recientes a menudo enfrentan obstáculos adicionales como inquilinos. Navegar por la jerga legal de los contratos de alquiler puede ser difícil para cualquiera, pero especialmente para los hablantes no nativos de inglés, que a menudo desconocen sus derechos según las leyes estatales y municipales. Mientras tanto, muchas personas indocumentadas temen que si desafían a sus propietarios por reparaciones o desalojos, el propietario podría denunciarlos ante las autoridades de inmigración.

En lugar de esperar a que el propietario presente un caso judicial en su contra, algunos inmigrantes se autodesalojan, un fenómeno que no se refleja en las estadísticas oficiales de la ciudad sobre desalojos.

Si bien los propietarios que desalojan ilegalmente a los inquilinos pueden ser castigados con fuertes multas, la policía a menudo no arresta a los propietarios que infringen la ley. Una investigación de The City descubrió que la policía de Nueva York rara vez arrestaba a los propietarios por desalojos ilegales.

Después de que los residentes del 387 la calle E. 138 formaran una asociación de inquilinos en el verano de 2020, comenzaron a investigar a su nuevo arrendador, Sam Applegrad, quien había comprado su edificio en marzo. Era conocido por desalojar a los inquilinos de sus edificios en toda la ciudad; en 2019, demandó a 1707 familias por desalojo, según la Coalición por el Derecho a la Consejería de la Ciudad de Nueva York.

Cuando Applegrad presentó casos de desalojo contra los residentes del edificio de la calle 138 en octubre de 2020, ya existía una moratoria federal de desalojo. Sin embargo, inicialmente no estaba claro si la moratoria brindaría protección porque Applegrad había presentado los casos como “desalojos remanentes”, una categoría especial que se usa cuando finaliza el contrato de arrendamiento de un inquilino o cuando un inquilino no tiene un contrato de arrendamiento.

El Movimiento de Inquilinos del Sur del Bronx conectó a la asociación de inquilinos con Take Root Justice, un grupo sin fines de lucro que acordó brindar representación legal para luchar contra los desalojos. La asociación de inquilinos encabezó protestas frente a la casa y la sinagoga de Applegrad en Brooklyn.

Al principio, parecía que los esfuerzos de los inquilinos no iban a ninguna parte.

Los casos de desalojo persistieron en los tribunales y Applegrad instaló nuevas cámaras de seguridad, que los inquilinos sintieron que estaban destinadas a intimidarlos. Las cámaras fueron montadas por una empresa llamada Homeland Surveillance, que pegó una gran calcomanía de su logotipo, casi idéntica al sello del Departamento de Seguridad Nacional, sobre la entrada principal del edificio.

Take Root Justice también ayudó a que Catalán, de la organización, demandara a Applegrad. Ella testificó que los empleados de Applegrad la acosaron y la obligaron a salir de su casa en mayo de 2020, antes de que se creara la asociación de inquilinos y antes de que ella supiera sus derechos bajo la moratoria de desalojo.

Applegrad le dio un contrato de arrendamiento en otro edificio que posee en Allerton Avenue, en East Bronx, pero está lejos de la escuela primaria de las hijas de Catalán y ella dice que las condiciones son malas. Applegrad negó haber obligado a Catalán a mudarse bajo coacción y, en última instancia, el tribunal se puso del lado de él.

A pesar de estos contratiempos, la asociación de inquilinos avanzó gradualmente. La mayoría de los inquilinos solicitaron y recibieron fondos del Programa de asistencia de alquiler de emergencia a fines de 2021. Después de eso, decidieron retener el alquiler para presionar al propietario para que hiciera las reparaciones necesarias en sus apartamentos. A fines de diciembre de 2021, se enteraron de que Applegrad había vendido el edificio a un nuevo propietario.

Hernández dijo que cree que Applegrad vendió el edificio debido a la organización de la asociación y el litigio de Catalán.

“Maricela estuvo en la corte contra él durante un año, y luego retuvimos la renta. Así que no fue un buen negocio para él”, dijo Hernández.

The Mott Haven Herald contactó a Applegrad por correo electrónico pero no recibió respuesta. Cuando llamamos a su empresa, YMY Acquisitions, nos dijeron que no había nadie disponible para responder preguntas.

La asociación de inquilinos se reunió con el nuevo propietario y negoció contratos de arrendamiento que, según dicen, aumentan los alquileres solo modestamente, y cada hogar recibe el mismo aumento porcentual. Los inquilinos acordaron pagar los alquileres atrasados y dicen que el propietario acordó hacer las reparaciones necesarias. Los inquilinos dijeron que firmaron los contratos de arrendamiento y actualmente están esperando que el propietario se los devuelva con su firma.

Magaly Herrera, una de las residentes, dijo que animaría a otros edificios del barrio a formar sus propias asociaciones de inquilinos. Señaló la importancia de mantenerse organizados y realizar reuniones con regularidad, aunque puede ser difícil encontrar tiempo para asistir.

“Tienes que ver esto como una cita con el médico: tienes que ir porque tienes que ir”, dijo.

Hernández estuvo de acuerdo.

“Nos tomamos tiempo para llegar a las reuniones y ser consistentes y persistentes, y hemos logrado algo”, dijo. “Como dice el refrán, ‘la unión hace la fuerza’”.

En abril del año pasado, la administración del alcalde Eric Adams demandó al propietario del South Bronx, Moshe Piller, por numerosas supuestas violaciones de vivienda. Sin embargo, muchas asociaciones de viviendas dijeron que desconfían de la administración de Adams, a la que consideran amigable con los desarrolladores y propietarios.

Yanny Guzmán, voluntaria del Movimiento de Inquilinos del Sur del Bronx, dijo que su grupo se enfoca en los inquilinos más vulnerables. Todos sus voluntarios provienen del South Bronx y son hispanos y/o negros, al igual que la mayoría de los inquilinos con los que trabajan. Guzmán comparó su trabajo con el de organizaciones sin fines de lucro más grandes, que con demasiada frecuencia “se lanzan en paracaídas” y se enfocan únicamente en brindar asistencia legal en los tribunales, dijo, en lugar de crear conciencia en la comunidad.

“Estamos construyendo activamente el poder de los inquilinos. Les estamos dando las habilidades, el conocimiento y la experiencia para organizarse”, dijo.

Reséndiz, quien ayudó a organizar a los inquilinos en el 387 de la calle E. 138, enfatizó la importancia de informar a los residentes sobre sus derechos. Según la ley de la ciudad, la garantía de habitabilidad requiere que los propietarios realicen reparaciones oportunas y permite que los inquilinos retengan el alquiler si no se completan las reparaciones.

Algunos inmigrantes también desconocían sus derechos bajo la moratoria de desalojo. Aunque la moratoria expiró en enero de 2022, los inquilinos aún pueden estar protegidos temporalmente contra el desalojo si presentaron una solicitud para el Programa de asistencia de alquiler de emergencia del estado.

Reséndiz dijo que a los inquilinos también se les debe enseñar a leer un contrato de arrendamiento y determinar si su unidad está cubierta por la ley de estabilización de alquileres de la ciudad. La mayoría de los edificios con seis o más unidades construidos antes de 1974 están sujetos a estabilización de alquiler, con aumentos anuales de alquiler sujetos a límites establecidos por la Junta de Directrices de Alquiler designada por el alcalde. Cualquiera puede verificar si su unidad tiene alquiler estabilizado aquí.

Reséndiz también les recuerda a los inquilinos que bajo la Ley de Propiedad 230 del estado, todos los inquilinos tienen derecho a formar una asociación para defender sus derechos.

Fuente: NYCity NewsService/ Traducción: Tara Valencia