por Emily Pontecorvo
En noviembre de 2021, los neoyorquinos aprobaron abrumadoramente una medida electoral para enmendar la constitución estatal y consagrar su derecho al “aire y agua limpios, un medio ambiente saludable”. Esas ocho palabras crearon el potencial para un nuevo régimen legal, ofreciendo a las comunidades la mejor defensa posible contra la contaminación y la injusticia ambiental.
Pero la fuerza de esa defensa depende de cómo la interpreten los tribunales. Un juez de la corte suprema del condado cercano a Rochester proporcionó la primera indicación de eso en diciembre de 2022, cuando dictaminó que se puede proceder con una demanda contra el estado. El estado apeló la decisión a fines de enero, planteando dudas sobre si cree que la nueva disposición constitucional, comúnmente conocida como la “enmienda verde”, tiene algún significado legal.
“El vigor de la oposición del Estado a esta demanda no es un buen augurio para la aplicación de la Enmienda Verde”, escribió el juez John Ark en su decisión.
La demanda fue presentada por Fresh Air for the East Side, una organización comunitaria de vecinos del extenso vertedero de High Acres, uno de los más grandes del estado. El sitio de 400 hectáreas se extiende a ambos lados de la frontera de Perinton y Macedonia, dos ciudades en el oeste de Nueva York. Aunque abrió en la década de 1970, la instalación comenzó a recibir exponencialmente más basura, la mayoría de la ciudad de Nueva York, después de que el propietario privado Waste Management instalara una línea de ferrocarril en 2015. Casi al mismo tiempo, la empresa cometió una “combinación de errores” que inundó la ciudad de malos olores, según la abogada del grupo, Linda Shaw. Los residentes comenzaron a organizarse en 2017, formando un grupo de Facebook para compartir información y creando una aplicación para recopilar datos sobre cuándo, dónde y con qué frecuencia volvía el hedor.
Desde entonces, están luchando contra Waste Management y el Departamento de Conservación Ambiental del estado, que regula los vertederos. La agencia y la empresa tomaron medidas para mitigar el problema, como cubrir partes del sitio e instalar colectores de gas y monitores de aire, pero los residentes dicen que todavía apesta. Los reguladores ignoraron las recomendaciones de un experto en rellenos sanitarios contratado por Fresh Air for the East Side para estudiar el olor y las emisiones.
Una vez que se aprobó la enmienda verde, el grupo demandó a Waste Management, a la ciudad de Nueva York y al estado, alegando que estaban violando el derecho de los residentes a tener aire limpio. La demanda cita los olores, así como las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por la descomposición de los desechos.
Los tres intentaron que el caso fuera desestimado. El 7 de diciembre, el juez del condado de Monroe, John Ark, concedió la moción de la ciudad de Nueva York y dictaminó que es simplemente un cliente de Waste Management y no tiene el deber de vigilar el sitio. También descartó a Waste Management, encontrando que la enmienda verde no puede aplicarse a las empresas privadas. Pero Ark rechazó la solicitud del estado, lo que permitió que la demanda continuara.
“Esencialmente, lo que hizo este tribunal inferior fue otorgar licencia legal a la enmienda verde de Nueva York”, dijo la abogada ambientalista Maya van Rossum, quien inició un movimiento para aprobar enmiendas de derechos ambientales en las constituciones estatales de todo el país. El juez confirmó que los derechos ambientales deben tratarse como la mayoría de los demás derechos constitucionales, señaló van Rossum, en el sentido de que se aplican al gobierno, no a los actores privados.
En una presentación judicial, la oficina de la fiscal general del estado, Letitia James, argumentó lo contrario. Dijo que la enmienda verde no impone obligaciones específicas al estado y que no faculta a los tribunales para obligar a las agencias a tomar decisiones de ejecución particulares.
Shaw dijo que no puede entender por qué el estado efectivamente se puso del lado de Waste Management. “Viola todo lo demás que el estado de Nueva York está tratando de hacer, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo.
Grist y New York Focus pidieron al Departamento de Conservación Ambiental y a la oficina del fiscal general que aclaren su interpretación de la enmienda verde y las protecciones que otorga a los neoyorquinos. Ambas oficinas dijeron que no comentan sobre litigios pendientes.
“Están tratando de fingir que no pasó nada”, dijo Nicholas Robinson, profesor de derecho ambiental en la Universidad Pace, que no está involucrado en el caso. Al mismo tiempo, dijo Robinson, la respuesta del estado no fue inesperada. “Sienten que tienen derecho a esperar hasta que el tribunal supremo de Nueva York les ordene comportarse de otra manera. Ahora, eso es un poco malo en el sentido de que deberían querer apoyar la declaración de derechos. Pero también puedes entender que quieren estar protegidos por una orden judicial que les diga que lo hagan”.
Nueva York cuenta con muchas regulaciones y protecciones ambientales y, en los últimos años, se tomaron medidas para fortalecerlas. Pero los residentes tienen pocos recursos cuando los funcionarios estatales no hacen cumplir esas reglas, o contra contaminantes como PFAS, que aún no están regulados. Van Rossum dijo que es por eso que es necesaria la capacidad de apelar a un derecho fundamental superior.
Su cruzada de enmiendas verdes comenzó después de que ganó un caso seminal en Pensilvania en 2013 anulando una ley a favor del fracking sobre la base de la cláusula de derechos ambientales en la constitución de ese estado. Desde entonces, ese estado ha visto más de una docena de casos que cuestionan leyes, permisos y decisiones de zonificación, principalmente sobre perforación de petróleo y gas y construcción de oleoductos. Montana es el único otro estado con derechos ambientales garantizados por su declaración de derechos.
Las enmiendas verdes no convierten cada caso de contaminación en una infracción constitucional. Todos los derechos fundamentales tienen límites, dijo van Rossum: si un funcionario del gobierno le dice a alguien que se calle, no se considera una violación de la libertad de expresión. “El papel del poder judicial es ayudarnos a determinar cuándo los daños ambientales que estamos enfrentando alcanzan ese nivel constitucional”, dijo.
John Dernbach, profesor de derecho en la Universidad de Widener, que analizó las decisiones judiciales recientes de Pensilvania sobre la enmienda verde, descubrió que en la mayoría de los casos en los que los tribunales exigieron a los demandantes que demostraran un nivel significativo de daño a un recurso protegido, fallaron.
Si bien la jurisprudencia en Nueva York aún es incipiente, los expertos legales dicen que la decisión de Ark podría tener implicaciones significativas. El fallo declaró la enmienda verde autoejecutable, lo que significa que no depende de legislación adicional para entrar en vigor. Encontró que el estado puede entrar en conflicto con las nuevas protecciones constitucionales incluso cuando cumple con la ley estatal. Y puso la carga no sobre los demandantes de probar que sus derechos habían sido violados, sino sobre el gobierno para demostrar que no lo habían hecho.
“Eso cambia la carga de la prueba del individuo, que es la víctima, al organismo gubernamental, que tiene todos los recursos y la mayor parte de la evidencia científica, para presentar el caso”, dijo Robinson, “y mostrarle a un juez que ellos no han dañado la salud ni el derecho al agua limpia o al aire limpio de las personas que iniciaron el caso”.
Se presentaron al menos otros cuatro casos de enmienda verde en Nueva York. En uno, los residentes del Lower East Side de Manhattan lo están utilizando para luchar contra la construcción de dos rascacielos. Otro fue presentado por Seneca Lake Guardian, un grupo ambientalista, contra el estado, por aprobar una estación de transferencia de desechos que podría filtrar sustancias químicas tóxicas en el lago Cayuga, una fuente de agua potable.
Quedará más claro lo que significa la enmienda verde en la práctica a medida que esos casos lleguen a los tribunales. “No cambias una gran entidad como el estado de Nueva York con solo votar para enmendar la Constitución”, dijo Robinson. “Ahora tenemos un proceso de una década para implementarlo”.
Fuente: Grist/ Traducción: Walter A. Thompson