por Tara Valencia

Hay momentos en la historia en los que la ficción resulta demasiado indulgente. A comienzos de enero de 2026, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar en territorio venezolano y capturaron in situ al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, trasladándolos a Nueva York para enfrentar acusaciones por narcotráfico y terrorismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington “administraría Venezuela” por un tiempo mientras aprovechaba las vastas reservas petroleras del país. Sus críticos calificaron la acción como una violación flagrante de la soberanía y del derecho internacional; sus defensores, como una intervención decisiva contra un narco-Estado.

Para comprender esta coyuntura (la caída de un gobernante cuya trayectoria comenzó como chofer de autobús, se consolidó bajo un proyecto revolucionario populista y terminó bajo custodia de una potencia extranjera a la que había denunciado durante años) hace falta algo más que titulares. Hace falta reordenar la imaginación política sobre lo que Venezuela fue, lo que llegó a ser y lo que todavía podría ser. La historia comienza con la irrupción de Hugo Chávez en la escena nacional en los años noventa: un militar carismático convertido en político que movilizó a amplios sectores populares, pero que también puso en marcha la lenta erosión de las instituciones democráticas. Durante el cuarto de siglo siguiente, la mala gestión económica, la polarización social y la concentración del poder político dieron lugar a un régimen autoritario que se sostuvo mediante una combinación de clientelismo, represión y control de los recursos del Estado. Los movimientos opositores surgieron y se disiparon, millones emigraron y la vida cotidiana se convirtió en una lucha por el acceso a alimentos, medicamentos y dignidad.

Ahora, con tropas extranjeras en el terreno y una incertidumbre generalizada, la pregunta ya no es solo quién gobernará, sino quién tiene la autoridad para definir qué cuenta como poder legítimo en el siglo XXI. Esta lista de quince puntos no funciona solo como cronología, sino como un mapa conceptual: las ideas, fuerzas y contradicciones que produjeron este momento y que moldearán el futuro venezolano.

1) El estallido y el golpe: el nacimiento del bolivarianismo

Mucho antes de que se desvaneciera el auge petrolero de fines del siglo XX y colapsara la economía venezolana, un joven teniente coronel llamado Hugo Chávez ya había aprendido que la política podía hablarse en el mismo idioma que las armas. En febrero de 1992 encabezó un fallido golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aunque se rindió en televisión (“por ahora”) y el intento fue sofocado, salió de prisión en 1994 convertido en una figura popular. Chávez canalizó un profundo malestar nacional: décadas de desigualdad, escándalos de corrupción y la sensación de que la inmensa riqueza petrolera del país había beneficiado a élites reducidas antes que a la población.

Su mensaje era simple y explosivo: recuperar la soberanía sobre el petróleo, redistribuir los recursos y romper con la vieja clase política. La doctrina que emergió, conocida luego como chavismo o bolivarianismo, rechazó la ortodoxia neoliberal y combinó retórica socialista con liderazgo carismático. Los primeros años en el poder vieron una expansión de programas sociales financiados por el petróleo, pero también una centralización progresiva del poder. Los organismos reguladores, el sistema judicial y el Congreso quedaron cada vez más subordinados al Ejecutivo. Las semillas de la crisis futura se sembraron cuando la economía siguió dependiendo casi exclusivamente de los ingresos petroleros, sin diversificación productiva.

El chavismo fue movimiento y maquinaria a la vez: movilizó a los sectores populares mediante organizaciones de base, mientras desmantelaba los controles institucionales. Para sus seguidores, se trataba de una resistencia necesaria contra la oligarquía; para sus críticos, del primer paso hacia el autoritarismo. Mucho antes de que Venezuela se asociara con hiperinflación o éxodo masivo, ya había comenzado a desarmar su propio andamiaje democrático.

2) Petróleo y Estado rentista: una riqueza que no se construyó

Las reservas petroleras de Venezuela se cuentan entre las mayores del mundo. Durante gran parte del siglo XX, la dependencia del petróleo fue una carga estructural antes de convertirse en arma política. Cuando Chávez asumió en 1999, heredó una economía volátil y excesivamente dependiente de las exportaciones de crudo. Decidió profundizar ese modelo. Los ingresos petroleros financiaron amplios programas sociales (alfabetización, vivienda subsidiada, salud), pero la inversión fuera del sector energético se estancó. Paradójicamente, cuanto más dinero del petróleo se volcaba al gasto social, menos incentivos existían para construir una economía diversificada capaz de resistir choques de precios.

El Estado se transformó en el principal empleador y árbitro de la movilidad social. Redes clientelares, subsidios, controles de precios y nacionalizaciones redistribuyeron recursos, pero también desalentaron la inversión privada, erosionaron capacidades técnicas y generaron cuellos de botella productivos. Cuando los precios internacionales del petróleo colapsaron en la década de 2010, el impacto fue devastador: escasez de bienes básicos, endeudamiento creciente y derrumbe de los servicios públicos.

El Estado petrolero no solo falló en proteger a Venezuela; se convirtió en un mecanismo propio de control y extracción. La lealtad política, no la eficiencia, determinó quién obtenía contratos, licencias o acceso a divisas. La clase media se redujo, la fuga de capitales se disparó y los sectores productivos se marchitaron. Cuando la economía finalmente implosionó, lo que quedó fue un Estado rentista vaciado, incapaz de ofrecer estabilidad o prosperidad.

3) Democracia en retirada: instituciones bajo presión

Bajo Chávez, y con mayor intensidad bajo Maduro, las instituciones judiciales y legislativas venezolanas fueron debilitadas de forma sistemática. El Ejecutivo copó el Tribunal Supremo con aliados, marginó a la oposición en la Asamblea Nacional y creó instancias paralelas que vaciaron de contenido a la Constitución. La libertad de prensa y los derechos civiles quedaron bajo creciente presión. Medios independientes fueron hostigados o cerrados; críticos enfrentaron demandas, sanciones económicas y persecución; organizaciones de la sociedad civil operaron bajo la amenaza constante de detenciones arbitrarias.

Análisis académicos rigurosos sostienen que estos ataques a la independencia judicial no fueron accidentales, sino estructurales, y socavaron la noción misma de imparcialidad legal. Las intervenciones autoritarias, aun cuando se presentan como modernizadoras, tienen consecuencias duraderas: los jueces comienzan a fallar de manera previsible a favor del Ejecutivo y la neutralidad jurídica se desvanece.

Las consecuencias fueron profundas. En 2015, cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo anuló sus decisiones. En 2017, una Asamblea Constituyente oficialista asumió directamente las funciones legislativas. Lo que había comenzado como una revolución en nombre de la democracia participativa terminó convirtiéndose en un sistema donde la disidencia se trató como subversión y la justicia como herramienta política.

4) El éxodo: una nación en movimiento

A medida que las condiciones económicas se deterioraban (escasez crónica de alimentos y medicamentos, hiperinflación, aumento del crimen), millones de venezolanos tomaron la dolorosa decisión de emigrar. La magnitud del desplazamiento no tuvo precedentes en la región: millones cruzaron fronteras hacia Colombia, Brasil, el Caribe y otros destinos. El éxodo no solo vació pueblos; vació la vida cívica. Quienes se fueron solían ser los más educados, emprendedores y políticamente activos, lo que drenó al país de capital humano.

La oposición quedó especialmente debilitada por la salida de su base natural. Estudios indican que la migración eliminó de manera desproporcionada a votantes críticos del régimen, reduciendo la capacidad electoral y la presión cívica sobre el gobierno.

Lo que quedó fue una población cada vez más dependiente de remesas, atrapada por la escasez y temerosa de la violencia estatal. Las familias se fragmentaron a través de fronteras, las comunidades se volvieron diaspóricas y la política regional se vio transformada por la experiencia migratoria venezolana. El éxodo no fue solo económico: fue social y psicológico, alteró la forma en que los venezolanos se veían a sí mismos y cómo los veían sus vecinos.

5) Represión, milicias y la sombra de la violencia estatal

Junto con el colapso económico llegó un control social más intenso. El gobierno venezolano empoderó a grupos pro-régimen conocidos como colectivos: organizaciones supuestamente comunitarias que en la práctica operaron como fuerzas paramilitares. En 2024, organismos nacionales e internacionales los designaron como organizaciones terroristas debido a su rol en intimidación, violencia y represión contra opositores.

El aparato de inteligencia del Estado (el SEBIN y otras fuerzas de seguridad) respondió a la protesta y la disidencia no con negociación, sino con detenciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Las detenciones arbitrarias se volvieron habituales; decenas de presos políticos quedaron recluidos en centros notorios, y las familias aprendieron que alzar la voz tenía costos severos.

No se trató de caos, sino de estrategia. Al infundir miedo, el régimen desarticuló la oposición organizada y reforzó la idea de que resistir implicaba riesgos mortales. La violencia y la represión se convirtieron en mecanismos de control social, no en excepciones. Para muchos ciudadanos, sobrevivir significó callar. Y el silencio, a su vez, estabilizó al régimen.

6) La sucesión de Maduro y la erosión de la legitimidad

Cuando Chávez murió en 2013, dejó el poder en manos de Nicolás Maduro: un dirigente leal, pero sin el carisma ni la visión de su antecesor. Desde el inicio, Maduro enfrentó choques económicos y creciente oposición. Para 2024 y 2025, la crisis era aguda. Las elecciones de julio de 2024 fueron ampliamente denunciadas como fraudulentas por observadores internacionales; líderes opositores señalaron manipulación y exclusión de candidatos clave.

Ante el aumento de protestas y el agravamiento del colapso económico, el gobierno respondió con más represión. Arrestos de figuras opositoras, supresión de manifestaciones y un uso constante del nacionalismo retórico consolidaron el poder de Maduro sobre una base cada vez más reducida. Mientras tanto, la comunidad internacional osciló entre sanciones, condenas y contactos limitados.

El resultado fue un régimen que reclamaba legitimidad democrática mientras funcionaba como una estructura autoritaria personalizada: elecciones sin credibilidad, instituciones sin independencia y disidencia sin protección. La fe pública en el proceso político se desplomó.

7) El relato del narco-Estado y la campaña estadounidense

Durante años, distintos gobiernos de Estados Unidos criticaron a Maduro por corrupción y violaciones de derechos humanos. Con el segundo mandato de Donald Trump, la retórica escaló hasta la confrontación abierta. Washington ofreció recompensas millonarias por la captura de Maduro y designó a redes venezolanas como organizaciones terroristas. Se produjeron incautaciones de buques, ataques a embarcaciones y una creciente militarización del discurso, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Hacia fines de 2025, Estados Unidos comenzó a presentar a Maduro no solo como dictador, sino como parte de una red internacional de narcoterrorismo, lo que sirvió para justificar medidas extremas. Estas acusaciones fueron controvertidas: especialistas cuestionaron la evidencia directa y juristas internacionales señalaron la ausencia de autorización multilateral.

Para algunos, se trató de una presión legítima contra un régimen represivo; para otros, de una extralimitación imperial que violó la soberanía venezolana. En cualquier caso, el escenario quedó preparado para los acontecimientos extraordinarios de enero de 2026.

8) El tablero global: aliados, adversarios y geopolítica

La política exterior venezolana bajo Chávez y Maduro no fue aislacionista. Buscó aliados fuera de la órbita estadounidense. Cuba aportó asesoría en seguridad; Rusia y China brindaron préstamos, respaldo político y cooperación militar; Irán ofreció tecnología y vínculos comerciales. Estas relaciones amortiguaron el impacto de las sanciones y permitieron sortear algunas restricciones.

China se convirtió en un socio económico clave, con inversiones en petróleo e infraestructura. Esa relación adquirió relevancia particular cuando, pocas horas antes del ataque estadounidense de 2026, un enviado chino visitó Caracas, y luego Pekín condenó la intervención como violación del derecho internacional.

Esta complejidad geopolítica implicó que cualquier crisis interna tuviera consecuencias externas. Los países latinoamericanos reaccionaron de manera desigual: desde condenas explícitas a la acción estadounidense hasta llamados cautelosos a una transición pacífica. Organismos regionales e internacionales enfatizaron la soberanía y la negociación, mientras algunos líderes celebraron la caída de Maduro.

9) El dilema del derecho internacional

La captura de Maduro por fuerzas militares extranjeras plantea preguntas jurídicas profundas. El derecho internacional clásico reconoce la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y solo permite el uso de la fuerza en defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos invocó acusaciones penales internas y razones de seguridad nacional, pero no logró consenso global. Expertos legales calificaron la operación como jurídicamente incoherente: un arresto presentado como acción policial, ejecutado como invasión militar, sin mandato multilateral claro.

Esto erosiona normas establecidas. Si los Estados poderosos actúan unilateralmente en nombre de la justicia o la seguridad, ¿qué queda del marco posterior a la Segunda Guerra Mundial que buscó limitar el uso de la fuerza? El caso venezolano podría convertirse en una prueba de si el derecho internacional limita el poder o simplemente lo legitima.

10) El sistema militar venezolano y el poder civil

A pesar del colapso económico y el descontento popular, el Estado venezolano conservó un aparato coercitivo formidable. Las Fuerzas Armadas, especialmente sus cúpulas, estuvieron profundamente integradas en la gobernanza, la economía y las redes de privilegios. El control de ministerios clave, servicios de seguridad y empresas estatales implicó que cualquier desafío al régimen debía enfrentarse a instituciones armadas leales a la presidencia. En la operación de enero de 2026, las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos militares alrededor de Caracas, pero informes indicaron que gran parte del alto mando y del círculo político de Maduro sobrevivió y permaneció en condiciones de ejercer poder.

Esto revela una paradoja: la supervivencia del régimen no dependía de la legitimidad popular, sino de la lealtad de las fuerzas armadas. En sistemas así, las transiciones rara vez son pacíficas. Dependen de fracturas internas que actores externos intentan explotar, mientras los internos buscan preservar privilegios.

11) La oposición: fragmentación y esperanza

La oposición venezolana nunca fue homogénea. Desde los años 2000, distintos partidos y líderes propusieron visiones diversas: desde tecnócratas centristas hasta críticos radicales tanto de Chávez como de Maduro. Figuras como Juan Guaidó captaron atención internacional con levantamientos espectaculares, pero carecieron del apoyo interno y externo suficiente para desplazar al régimen.

Para 2024-2025 surgieron nuevos liderazgos, como María Corina Machado, con reconocimiento internacional y nominaciones a premios, que simbolizaron un cambio generacional. El dilema opositor fue estructural: un gobierno profundamente impopular, una base electoral exiliada, estrategias fragmentadas y la dificultad de promover una transición democrática sin validar intervenciones extranjeras percibidas como neocoloniales.

La operación estadounidense de 2026 profundizó las divisiones: algunos sectores la celebraron como liberación; otros advirtieron que el control militar externo socavaría la legitimidad de cualquier proyecto democrático interno. Esa tensión entre fuerza externa y agencia doméstica marcará la etapa siguiente.

12) La vida cotidiana bajo presión: escasez, supervivencia, resiliencia

Más allá de la política y la geopolítica está la experiencia cotidiana. Para la mayoría de los venezolanos, los debates sobre legitimidad quedaron eclipsados por luchas diarias: conseguir comida, enfrentar cortes de electricidad y agua, sobrevivir a la inseguridad, decidir entre quedarse o irse. El colapso de los servicios públicos convirtió las necesidades básicas en asuntos políticos; las filas para comprar pan se transformaron en espacios de frustración y, a veces, de resistencia.

Sin embargo, incluso en la devastación hubo resiliencia. Surgieron redes informales de ayuda mutua. Las comunidades en la diáspora construyeron lazos transnacionales que enviaron no solo dinero, sino también vínculos culturales. Artistas, científicos y profesionales venezolanos mantuvieron intercambios intelectuales desde el exterior, preservando la idea de que la nación era más grande que su crisis.

Esta dimensión social suele perderse en el análisis geopolítico, pero es la que sostiene la esperanza: la negativa silenciosa a aceptar la decadencia permanente, la insistencia en que la vida continúa incluso bajo asedio.

13) Populismo, medios y la política del espectáculo

Tanto Chávez como Maduro dominaron la política del espectáculo. Chávez conducía el programa televisivo semanal Aló Presidente, que mezclaba política pública y performance. Maduro, con menor carisma, recurrió a puestas en escena mediáticas, consignas revolucionarias y denuncias constantes contra enemigos externos. Este estilo moldeó el consumo de la política: personalidad por sobre política pública, ritual por sobre deliberación.

Con el aumento del conflicto internacional, los relatos mediáticos de todos los bandos profundizaron las polarizaciones. Medios estadounidenses presentaron a Maduro como un tirano narcotraficante; la prensa estatal venezolana habló de agresión imperial; organismos internacionales emitieron declaraciones prudentes sobre soberanía y legalidad. La disputa por el relato importa porque la legitimidad depende no solo de la fuerza, sino de la percepción: de qué historia cree la gente.

14) El silencio regional y los bloques cambiantes

La respuesta latinoamericana a la crisis venezolana no siguió un guion único. Algunos gobiernos condenaron la operación estadounidense; otros expresaron apoyo cauteloso al cambio de régimen; muchos insistieron en la negociación y la transición pacífica. Esta fragmentación refleja transformaciones más amplias: gobiernos de izquierda que antes defendían el antiimperialismo enfrentan hoy restricciones económicas; administraciones centristas equilibran derechos humanos y soberanía; regímenes autoritarios observan el caso venezolano como advertencia.

Al mismo tiempo, la migración y la interdependencia económica ataron el destino venezolano al de sus vecinos. Colombia, Brasil y países del Caribe albergan a millones de venezolanos. Sus políticas internas se ven afectadas por la integración o eventual retorno de estas poblaciones. La crisis venezolana no es aislada: es un problema regional que desafía categorías simples.

15) ¿De la dictadura a la colonia? Rechazar los falsos dilemas

El relato dominante en algunos sectores plantea un binomio: o el autoritarismo de Maduro o el control estadounidense. Esa es una falsa elección. La dictadura y la dominación neocolonial son tragedias distintas. Una sociedad que cambia una forma de poder no responsable por otra pierde su agencia.

La próxima etapa debe enfrentar esta paradoja: cómo desmantelar estructuras autoritarias desde dentro sin aceptar una dominación externa que priorice la extracción de recursos por sobre la autodeterminación. Venezuela merece un futuro que no esté definido por el aislamiento asfixiante ni por la ocupación extranjera, sino por una gobernanza participativa, una renovación económica y una reconstrucción social equitativa.

Eso exige un renacimiento político interno que reconozca los errores del pasado sin recaer en tutelas externas. Requiere instituciones independientes, una economía no atada a un solo producto y una sociedad civil capaz de disputar el poder sin miedo. La lucha que viene —por legitimidad, sostenibilidad y dignidad— se librará no solo en Caracas, sino en hogares, lugares de trabajo y pueblos fronterizos de toda la región.

Conclusión

Lo que vemos ahora no es un final, sino una ruptura: una fractura violenta, desordenada e internacionalizada de una crisis interna de larga duración. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses no tiene precedentes en América Latina desde el fin de la Guerra Fría. Algunos la compararán con Panamá en 1989; otros la verán como prueba de que las fronteras soberanas pesan poco cuando las grandes potencias deciden intervenir. Pero ninguna de esas miradas capta la verdad más profunda: la crisis venezolana no fue creada solo desde afuera, ni será resuelta por la ocupación de otra potencia.

El país ha soportado décadas de colapso económico, represión política, deterioro institucional y fragmentación social. Millones emigraron, familias se separaron y la energía cívica se diluyó en la supervivencia. Sin embargo, la historia no terminó. Las sociedades se reinventan entre los escombros de órdenes viejos. Las lecciones de la era bolivariana —sobre la concentración del poder, los peligros de los monocultivos económicos y la facilidad con que el autoritarismo puede vestirse de populismo— son lecciones universales.

En este momento de ruptura, Venezuela se encuentra ante una encrucijada. Debe rechazar tanto el autoritarismo fosilizado del pasado como el espectro de una dominación externa que revive viejas doctrinas hemisféricas. Un futuro plural, democrático y soberano no llegará por decreto militar ni por imposición internacional. Se construirá a lo largo de años de negociación, reconstrucción institucional, reconciliación social y transformación económica: un proceso que reconozca la dignidad de los venezolanos como sujetos de su propio destino.

Al final, comprender lo que ocurrió aquí no es solo entender a Chávez, el petróleo, la migración, las milicias o los bombarderos. Es entender la arquitectura frágil de la vida política: su capacidad de incluir y su capacidad de destruir. El próximo capítulo de Venezuela no puede ser escrito por generales ni por capitales extranjeras. Debe ser escrito por los propios venezolanos, con el mundo mirando, sí, pero sin reemplazar a los autores de su propia historia.