por Spencer Overton

Un año después de la segunda toma de posesión de Donald Trump, surge un patrón. A través de docenas de órdenes ejecutivas, memorandos de agencias, decisiones de financiación y cambios en la aplicación de la ley, la administración ha debilitado la ley federal de derechos civiles y los cimientos de la democracia racialmente inclusiva del país.

Desde el principio, Estados Unidos no fue construido para incluir a todos por igual. La Constitución protegió y promovió la esclavitud. La mayoría de los estados limitaron el voto a los hombres blancos. El Congreso restringió la ciudadanía naturalizada a las “personas blancas libres”. Estas elecciones no fueron accidentes. Formaron quién podía pertenecer y quién podía ejercer el poder político, y consolidaron una mayoría política racial que duró por generaciones.

Eso comenzó a cambiar en la década de 1960. Tras décadas de protesta y presión, el Congreso promulgó leyes que prohibían la discriminación en el empleo, la educación, el voto, la inmigración y la vivienda.

Las agencias federales se encargaron de hacer cumplir esas leyes, recopilando datos para identificar la discriminación y condicionando los fondos públicos al cumplimiento. Estas elecciones remodelaron la demografía y las instituciones de Estados Unidos, siendo el Congreso actual “el más diverso racial y étnicamente en la historia”, según el Pew Research Center. Las leyes no eliminaron la desigualdad racial, pero hicieron que la exclusión fuera más fácil de ver y más difícil de defender.

El primer año de la segunda administración de Trump marca un cambio radical.

Retroceso acumulativo

En lugar de derogar los estatutos de derechos civiles de forma directa, la administración se ha centrado en deshabilitar los mecanismos que hacen que esas leyes funcionen.

Basándome en más de dos décadas de enseñanza y escritura sobre derechos civiles y mi experiencia dirigiendo un proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington sobre democracia inclusiva, creo que este patrón refleja no acciones administrativas aisladas, sino un retroceso acumulativo del papel del gobierno federal como ejecutor de la ley de derechos civiles.

Durante el último año, el presidente y su administración han tomado una serie de acciones conectadas:

• En su primer día en el cargo, anunció el fin de todos los programas federales de diversidad, equidad e inclusión, incluidos los oficiales de diversidad, los planes de equidad y las subvenciones y contratos relacionados.
• Cerró o recortó drásticamente la financiación de programas federales destinados a reducir la desigualdad, incluidas las oficinas centradas en la salud de las minorías, las empresas propiedad de minorías, la contratación federal justa, la justicia ambiental y el cierre de la brecha digital en la banda ancha.
• Advirtió a las escuelas que los programas de diversidad podrían poner en peligro su financiación federal, abrió investigaciones sobre universidades que ofrecen becas a estudiantes protegidos bajo DACA (la política de la era Obama que brinda protección contra la deportación a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños) e indicó que las universidades corren el riesgo de perder la ayuda federal para estudiantes si sus agencias de acreditación consideran la diversidad.
• Revocó las autorizaciones de seguridad y el acceso a edificios federales para empleados en firmas de abogados con políticas de diversidad. La FCC investigó a empresas de medios por promover la diversidad y amenazó con bloquear fusiones de empresas con programas similares, lo que llevó a varias empresas a abandonar sus iniciativas.
• Emitió un memorando para todo el gobierno calificando las mejores prácticas comunes en la contratación, admisiones y otros procesos de selección y evaluación —como compilar grupos de solicitantes diversos, valorar la competencia cultural, considerar el estatus de primera generación o de bajos ingresos y buscar representación geográfica y demográfica— como potencialmente sospechosas desde el punto de vista legal. El memorando advertía que se podría recortar la financiación federal a escuelas, empleadores y gobiernos estatales y locales que utilicen tales prácticas. Según se informa, los fiscales federales investigaron a contratistas federales que consideran la diversidad, caracterizando tales iniciativas como fraude.
• Debilitó la aplicación de la ley contra la discriminación al ordenar a las agencias que dejen de usar el análisis de impacto dispar. Ese tipo de análisis identifica disparidades en los resultados, evalúa si están justificadas por objetivos legítimos e interviene cuando no lo están. El Departamento de Justicia, la EEOC, la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito y otras agencias cumplieron y abandonaron el análisis de impacto dispar. Debido a que los sistemas algorítmicos suelen operar sin una intención explícita, la eliminación del análisis de impacto dispar reduce la capacidad de las agencias federales para detectar y abordar los resultados discriminatorios producidos por la toma de decisiones cada vez más automatizada del sector público y privado.
• Rescindió una orden ejecutiva que prohibía la discriminación por parte de los contratistas federales, requería medidas para garantizar la contratación y el empleo no discriminatorios y sometía a los contratistas a revisiones de cumplimiento federal y mantenimiento de registros. Esto debilitó un mecanismo clave utilizado desde 1965 para detectar y remediar la discriminación en el lugar de trabajo.
• Eliminó los datos utilizados para rastrear la desigualdad, incluida la retirada de la guía que alentaba a las escuelas a recopilar datos sobre disparidades raciales en la disciplina y la educación especial. La administración también eliminó los datos utilizados para identificar disparidades raciales en los daños ambientales.
• Desmanteló o redujo drásticamente las oficinas de derechos civiles en las agencias federales, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Educación. Aproximadamente tres cuartas partes de los abogados de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia se marcharon.
• Presionó al Smithsonian para que retirara las exhibiciones sobre la injusticia racial, restauró los monumentos confederados y los nombres de las bases militares, y prohibió a las escuelas y a los programas de formación de docentes incluir material que la administración calificó como divisivo, como el sesgo inconsciente.
• Declaró el inglés como el único idioma oficial de la nación, derogó el requisito de que las agencias federales proporcionen un acceso significativo a los programas y servicios gubernamentales para personas con un dominio limitado del inglés, e impulsó a la Administración de Servicios Generales y a los departamentos de Justicia, Educación y otras agencias a reducir los requisitos y servicios de asistencia lingüística.
• Intentó limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento garantizada por la Enmienda 14, y adoptó prácticas que tratan el origen étnico y los acentos que no son ingleses como razones legítimas para las detenciones de inmigración.

El patrón es difícil de ignorar

Tomados en conjunto, estos cambios tienen consecuencias prácticas.

Cuando las agencias dejan de recopilar datos sobre las disparidades raciales, la discriminación se vuelve más difícil de detectar. Cuando se abandona el análisis de impacto dispar, las prácticas injustas sin un propósito legítimo no se cuestionan. Cuando los programas de diversidad se ven intimidados por investigaciones y amenazas de financiación, las instituciones responden restringiendo las oportunidades. Cuando la historia y el lenguaje se presentan como amenazas a la unidad, la verdad y la libertad de expresión y pensamiento se suprimen y se socavan.

Los funcionarios de la administración argumentan que estas medidas son necesarias para prevenir la discriminación contra las personas blancas, promover la unidad, garantizar la “igualdad ciega al color” y cumplir con una decisión de la Corte Suprema que anuló la acción afirmativa en las admisiones universitarias. Pero ese fallo no prohibió la conciencia sobre la desigualdad racial ni las políticas neutrales destinadas a reducirla. Muchas de las acciones de la administración se basan en afirmaciones amplias de ilegalidad sin proporcionar violaciones específicas. La naturaleza selectiva de la aplicación de la ley también es reveladora.

Se retiraron libros sobre racismo y derechos civiles de las bibliotecas militares, mientras que se dejaron intactos libros que elogiaban ideas nazis o afirmaban diferencias raciales de inteligencia. La administración suspendió las admisiones de refugiados —más del 90% de los cuales han sido de África, Asia y América Latina en los últimos años— pero luego reabrió el programa de refugiados para los sudafricanos blancos.

Después de un año, el patrón es difícil de ignorar.

La administración no está aplicando simplemente reglas neutrales. Está desmantelando los sistemas que una vez ayudaron a Estados Unidos a avanzar hacia una democracia más abierta e igualitaria. Los está reemplazando con políticas que estrechan selectivamente el acceso a la participación económica, cultural y educativa.

El resultado no es simplemente un cambio en la política, sino un cambio fundamental en la trayectoria de la democracia estadounidense.

^{The Conversation. Traducción: Tara Valencia.}